Nota de Fondo

El enfrentamiento entre los funcionarios del Gobierno y los representantes de todo el arco opositor se viene agudizando en forma alarmante a medida que se aproximan las fechas del calendario electoral que culminará con la elección del primer mandatario por el término de cuatro años (2011-2015).

En ese contexto, el escenario central de confrontación se sitúa en el ámbito del Congreso Nacional, en el que el oficialismo, en junio de 2009, perdió la mayoría absoluta que le permitía votar las leyes según los requerimientos del Poder Ejecutivo. Lo preocupante es que se encaren facetas cruciales con el mismo ánimo y, lo que es realmente peligroso por sus ulteriores consecuencias, sin tener datos ciertos y acabados de los temas; además de obrar sin responsabilidad y conocimiento de los aspectos técnicos referidos al régimen jubilatorio nacional.

Hay una lamentable referencia sobre ese aspecto: los mecanismos de privatización que se pusieron en ejecución a partir de julio de 1994, no hesitando en acotar y desfinanciar el que regía a cargo del Estado. Esta reforma generó por tal causa el mayor proceso de endeudamiento externo ocurrido en el país -que duplicó hasta el año 2000 la referida deuda- siendo una de las causas principales del “default” ocurrido en 2001/02.

Resulta incomprensible, con un antecedente tan cercano y oprobioso, que se manejen con toda desaprensión alternativas y cifras que carecen del respaldo de equipos de especialistas en la materia. Porque se trata de un campo propio de la matemática actuarial que no es accesible a profanos e improvisados La problemática es realmente compleja y en todos los países del Hemisferio Norte, donde se concentran los de superior poderío económico, hay disensiones sobre las perspectivas futuras que ponen en serio riesgo la propia continuidad misma de los respectivos sistemas previsionales. El propio ex presidente de Estados Unidos, George Bush (h), al comenzar su segundo mandato, admitió que aquél registraba a ese momento un déficit intergeneracional de 1,5 billones de dólares y calculaba que, al finalizar su mandato, se triplicaría.

Las nuevas problemáticas
La tendencia generalizada en todo el mundo apunta a la extensión de la vida humana y, correlativamente, a una notoria reducción en la tasa de natalidad generando un envejecimiento progresivo del colectivo; de forma tal que, en varios países, la cantidad anual de mayores de 65 años igualan o superan el de nacimientos. Por lo tanto, el número de “activos” -entre 15 y 65 años- que revistan como factores de la producción, tiene una tendencia secular decreciente; mientras los “pasivos” -jubilados y pensionados- registran una curva ascendente. Ya hay países, v. gr. Japón, en que por tal causa la población ha comenzado a disminuir y en otros -v. gr. España, Francia y Alemania- se mantiene constante aunque no tardará mucho en marcar una declinación cada vez mas acentuada.

Por el momento se está afrontando el financiamiento apelando a recursos del sistema recaudados en años anteriores; los cuales, colocados en inversiones productivas, han venido coadyuvando a cubrir la antes mencionada brecha en crecimiento. Sus conductores advierten que, de “no hacer nada”, en algunas décadas no se podrán atender los compromisos. En cuanto a las medidas posibles, hasta ahora no se han propuesto más que tres, sean alternativas o combinadas: 1º) ampliar la actividad laboral más allá de los 65 años; 2º) reducir el monto mensual de las asignaciones y 3°) sumar nuevas fuentes de ingresos. A despecho de una multitudinaria resistencia popular, Alemania logró elevar la edad de retiro en dos años y se proponen seguir en esa tesitura. En Francia lo intentaron pero la repulsa generalizada los instó a suspender -no a abandonar- la idea lanzada en igual sentido. Este panorama puede extenderse a todos los países de Europa Occidental, pues se ha lanzado la idea de prolongar la vida activa hasta los 70 años. En el caso de Estados Unidos, la situación del sistema es motivo de riguroso secreto, pese a que intuyen un agravamiento de la situación que expuso G. Bush (h), no sólo por la evolución convergente y en sentido inverso de activos y pasivos, sino debido a que las disponibilidades líquidas del sistema, colocadas mayoritariamente en valores bursátiles y títulos públicos, deben haber recibido fuertes impactos negativos como consecuencia directa de la crisis financiera.

El escenario nacional
El caso argentino es complejo. Registra una baja tasa de crecimiento anual de la población, semejante a las economías desarrolladas, y un elevadísimo número relativo de pasivos; relación que se agrava no sólo por la cantidad de trabajadores “en negro” -ascienden a 4,1 millones- que obviamente no aportan, sino porque -además- sólo una parte minoritaria de los afiliados atienden dichas obligaciones. Según datos aportados por la Cámara de la Seguridad Social en el año 2003 los jubilados y pensionados eran 3,185 millones y en la actualidad se han elevado a 5,897 millones; lo cual implica un inusitado incremento de 85,15% que sólo pudo haber ocurrido por una gran agilización en la resolución de expedientes que “dormían”, sumada a la admisión de franjas que estaban excluidas por falta de los depósitos respectivos, incluso extendido a las amas de casa. Entre los años 1999 y 2006 la tendencia era al estancamiento y hasta a una leve disminución, ubicándose en una media de 3.2 millones. La fuerte reversión comienza en el ejercicio 2007, registrando un notable “salto” en el cual hubo un aumento neto -deducidos los que fueron dados de baja- de 2.797 millones.

La más reciente información proveniente del Indec, si bien corresponde a noviembre de 2008, revela otras facetas muy significativas que ayudan a tomar conciencia de otros aspectos del funcionamiento y su problemática. Al final de dicho mes figuraban 16.001.508 inscriptos en los registros previsionales, aunque de ese inmenso colectivo, los cotizantes efectivos sólo llegaban a 6.921.536; o sea que, pese a estar identificados e inscriptos, cumplían con el depósito respectivo apenas 43.26% de ese total. Si se computan los que no figuran en tales nóminas, el índice baja mas aún y se reduce a 34,43%. En los países que cuentan con una administración eficiente, este índice ronda aproximadamente 85% y permite financiar sin apelar a fuentes alternativas.

Dado que los beneficiarios que resultaban de considerar los dos regímenes paralelos que existían a esa fecha en nuestro país totalizaban 5.134.836, la relación entre “activos aportantes” y “jubilados + pensionados” arrojaba un coeficiente de 1,35 que, por ser extremadamente bajo, hace totalmente inviable la perdurabilidad del esquema -se considera que para ser autosustentable aquélla no debe bajar de tres activos por cada pasivo. Debido a ello, junto a los ingresos natos de seguridad social, se agregan 20% de la recaudación del Impuesto a las Ganancias,  11% del IVA, además de ciertos tributos menores y 15% del total que en concepto de coparticipación federal perciben las provincias. En cuanto a éstas, cabe recordar que la Nación se hizo cargo de las cajas locales de 12 provincias y las correspondientes a la Capital Federal; mientras que a las 11 restantes -entre ellas, Córdoba- les cubre el desequilibrio operativo hasta donde surja de aplicar las normas que rigen en su jurisdicción.

De acuerdo con lo referido, en el período enero-junio 2010, los recursos específicos; es decir, los mencionados en primer termino, llegaron a $ 23.255 millones; pero para atender las pasividades se requirieron transferencias de otros impuestos por $ 16.864,2 millones y lo que reintegran las provincias con ese destino que ascendió a $ 7.249,8 millones; todo lo cual totalizó $ 47.369,1 millones. Ello significa que el sistema cubre con los ingresos propios 49,09% de su presupuesto y que los mencionados “refuerzos” los superan ligeramente, pues completan el 50,91% restante. Si aquel índice llegara a 70% no serían necesarios apelar a ingresos adicionales de ninguna especie, haciendo el régimen mucho mas sólido y viable que actualmente.

Esta situación no es reciente, sino que caracteriza el alto grado de evasión, consecuencia de un comportamiento anómalo por parte de los obligados y la notoria incapacidad del aparato administrativo para hacerlos cumplir en una medida aceptable. Tal falencia no es característica exclusiva del área pública, pues en el caso de las AFJP los indicadores de incumplimiento también eran muy altos y nunca intentaron mejorarlos, conformándose con lo que se les giraba mensualmente…

Actuales planteos de la oposición parlamentaria
Los diversos sectores del espectro opositor han reclamado, aunque con diversos matices, una inmediata actualización de la asignación mínima mensual de $ 895, que es percibida por 72% de los jubilados y pensionados -alrededor de 4,2 millones de titulares-, de forma tal que pasen a cobrar $ 1.230; es decir, 82% del salario mínimo, vital y móvil. En consecuencia, habría un incremento inmediato del 37,43%, para luego ajustarse automáticamente cuando se actualice dicha base de cálculo.

Tal requerimiento representaría un compromiso anual de $ 26.000 millones que podría ser absorbido por la economía del sistema; aunque generaría un “achatamiento” de las escalas y habría muy poca diferencia con los que hasta la fecha están colocados en escalones próximos, pero más elevados, por haber hecho mayores aportes; lo cual también constituiría una evidente injusticia. Claro que si se opta por hacer un ajuste semejante para el 28% restante de los jubilados y pensionados, las nuevas obligaciones llegarían a poco menos de 40 mil millones adicionales que serían imposibles de financiar en el futuro.

Se habla mucho sobre el Fondo de Sustentabilidad del Sistema, que acumula poco menos de $ 150 mil millones, aunque éste no alcanzaría para respaldar tales compromisos por mas de tres años ya que también debe afrontar los juicios por reajuste que se ventilan en la Justicia; los que irán creciendo en su número y montos. Quienes, refiriéndose a este rubro, dicen que “la plata está”, actúan exhibiendo un increíble grado de ignorancia o, en su defecto, una peligrosa dosis de mala fe. De seguir sus propuestas podría llegarse a desfinanciar el régimen existente sin aportar soluciones alternativas de ninguna especie. Lo racional y constructivo es promover una revisión integral y urgente del mismo y, por sobre todas las cosas, coadyuvar a mejorar sensiblemente el bajísimo nivel de cumplimiento de los actuales aportes.